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Un relevamiento de organizaciones ambientales señala que la proporción de viajes pesqueros argentinos con inspector embarcado bajó del 20% en 2023 al 15% en 2025. El diagnóstico coincide con un sector que exportó US$ 2.010 millones el año pasado y se amplía ahora con una plataforma ciudadana de información sobre la flota, sus permisos y sus responsables.

La capacidad de controlar las capturas y de conocer quiénes explotan los recursos marinos volvió al debate público argentino. El informe El mar como caja negra, elaborado por el → Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde, identifica una reducción de la cobertura de inspectores embarcados y reclama información pública más completa.

El documento, firmado por Consuelo Bilbao y Malena Raineri en setiembre de 2026, fue difundido por el Círculo el 5 de octubre y retomado este 2 de noviembre por Diario La R. Su diagnóstico se basa en información oficial obtenida por las organizaciones; no constituye una nueva auditoría estatal publicada hoy.

Qué mide la caída de la fiscalización

Según el relevamiento, la proporción de mareas —viajes de pesca— con inspector a bordo pasó del 20% en 2023 al 15% en 2025 y permaneció alrededor de ese nivel durante el primer semestre de 2026. La diferencia equivale a cinco puntos porcentuales y a una reducción relativa del 25%.

El indicador refiere a viajes, no al porcentaje de embarcaciones únicas inspeccionadas: un mismo barco puede realizar varias salidas. Tampoco mide por sí solo todas las modalidades de control que se aplican sobre la actividad.

Las organizaciones informan una dotación de 64 inspectores embarcados frente a más de 7.400 viajes anuales. Esa relación permite dimensionar la capacidad disponible, pero no significa que cada funcionario deba realizar personalmente 116 inspecciones ni que todos los viajes tengan igual duración o riesgo.

El peso económico y las diferencias entre especies

La → Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina informó en febrero que las exportaciones pesqueras de 2025 alcanzaron US$ 2.010 millones, un aumento interanual del 4,3%, con 549.416 toneladas comercializadas.

Ese balance oficial ubicó el resultado como el segundo mayor registro histórico en dólares corrientes. El calamar lideró el volumen exportado, mientras el langostino conservó el primer lugar por valor. La distinción importa: el producto que más toneladas aporta no necesariamente genera más divisas.

El informe ambiental señala que la cobertura de inspectores en los viajes dirigidos al calamar rondó el 9% durante 2025, frente a aproximadamente el 20% en langostino y merluza hubbsi. Sus autoras proponen distribuir los recursos de fiscalización atendiendo al volumen de actividad y al riesgo de cada pesquería.

Viajar sin inspector no demuestra una infracción

La ausencia de un inspector embarcado reduce una herramienta de observación directa, pero no demuestra que una operación haya sido ilegal. La normativa contempla también controles en muelle y establecimientos, registros documentales y seguimiento de las embarcaciones.

El alcance de las obligaciones exige, además, una lectura más precisa que la afirmación de que todo barco de 33 metros o más debe llevar siempre un inspector. La → Disposición 204/2023 recoge antecedentes que contemplan inspectores u observadores y autorizaciones excepcionales. También regula la asignación de agentes y las condiciones de su embarque.

Por eso, determinar si una salida incumplió una obligación requiere revisar el régimen aplicable y las autorizaciones correspondientes. Esta precisión no elimina el debate sobre la suficiencia de los controles; permite plantearlo sin convertir un indicador agregado en una acusación contra toda la flota.

Una plataforma ciudadana para abrir los datos

Las mismas organizaciones pusieron en línea el → Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros de la Flota Argentina, una iniciativa de la sociedad civil construida mediante solicitudes de acceso a la información.

El portal permite consultar datos de embarcaciones, propietarios o armadores, permisos, autorizaciones, cuotas y sanciones. Sin embargo, advierte expresamente que la información sobre autorizaciones de captura y sanciones está incompleta porque no recibió la totalidad de los datos solicitados.

La herramienta facilita el seguimiento público, pero no sustituye un registro estatal actualizado ni las funciones de inspección. Su utilidad dependerá también de la identificación de las fuentes, las fechas de actualización y la posibilidad de corregir información.

Una discusión relevante para Uruguay

El caso argentino permite distinguir dos tareas complementarias: producir información científica sobre las pesquerías y fiscalizar el cumplimiento de las reglas. En Uruguay, la → Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) informó en abril sobre el fortalecimiento de su programa de observadores a bordo, orientado a recopilar datos para investigación y gestión.

Ese antecedente no permite comparar directamente la cobertura de ambos países ni equiparar observación científica con inspección. Sí muestra la importancia de contar con personal formado, registros accesibles y capacidades públicas estables para administrar recursos de los que dependen empleo, exportaciones y ecosistemas.

El desafío consiste en evaluar conjuntamente la actividad económica y las garantías que la sostienen: qué se captura, bajo qué permisos, cómo se verifica y qué información puede consultar la sociedad. Las exportaciones y la fiscalización son dimensiones distintas; una administración responsable necesita atender ambas.

Fuentes principales

Redacción ICI Plus · 2 de noviembre de 2026.

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