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El diputado nacionalista Mario Colman reclamó la salida del subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, tras la información sobre sus acciones en una empresa vinculada a la logística de celulosa. El ministro Edgardo Ortuño había ratificado el mecanismo de excusación dispuesto para separar sus intereses privados de las actuaciones públicas.

La participación accionaria de Oscar Caputi en Ontemar SA abrió un nuevo cuestionamiento sobre los controles de los conflictos de interés en el → Ministerio de Ambiente. Este sábado 31 de octubre, el diputado del Partido Nacional Mario Colman pidió que el subsecretario renuncie o que el ministro Edgardo Ortuño le solicite la dimisión.

Según informó Montevideo Portal, Colman también anunció que promoverán una convocatoria urgente de Ortuño al Parlamento. El planteo constituye un reclamo político: la información consultada no acredita una renuncia, una destitución ni una convocatoria parlamentaria ya resuelta.

Qué participación empresarial se informó

La investigación publicada el viernes 30 por Rosario Touriño en el semanario Brecha señaló que Caputi es accionista de Ontemar, una de las sociedades que participan en Ontur Internacional, operadora de la terminal multipropósito de Nueva Palmira, junto con → UPM.

De acuerdo con los detalles de esa investigación recogidos por Montevideo Portal, Caputi recibió por herencia en 2021 una participación del 0,36% en Ontemar. La información distingue esa tenencia personal de las participaciones de Ontemar y UPM en Ontur: son sociedades y niveles de propiedad diferentes.

El vínculo operativo con la cadena celulósica tiene documentación pública. En una comunicación del 30 de julio de 2025, la → Dirección Nacional de Aduanas describió el trabajo de Ontur en la exportación de celulosa procedente de la planta de UPM en Fray Bentos, a través del río Uruguay.

Ese antecedente confirma la actividad logística de la terminal. Por sí mismo, no demuestra que Caputi haya intervenido como jerarca en decisiones que beneficiaran a las empresas mencionadas.

La respuesta del ministro y el alcance de la excusación

Consultado el viernes, Ortuño anunció que conversaría con Caputi y defendió el criterio aplicado desde el inicio de la gestión: apartarlo de las actuaciones relacionadas con empresas en las que tuviera participación. El ministro sostuvo que la separación entre los intereses privados y la función pública debía mantenerse.

Montevideo Portal informó que Caputi presentó una nota sobre sus antecedentes empresariales el 11 de julio de 2025 y que Ortuño aceptó su excusación mediante una resolución del 31 de julio de ese año. Excusarse significa apartarse de la intervención en determinados asuntos; su eficacia requiere identificar cuáles están comprendidos y controlar que la separación se cumpla.

Según la cobertura periodística de la comparecencia parlamentaria de setiembre, Ortuño indicó que la directora general de Secretaría, Alejandra Varela, supervisaría que el subsecretario no actuara en expedientes relacionados con su actividad privada.

Información patrimonial y controles pendientes

Uno de los cuestionamientos recogidos por Montevideo Portal es que Caputi incluyó a Ontemar entre las empresas de las que se apartaba, pero no explicitó su condición de accionista al describirla ante la Comisión de Ambiente de Diputados el 22 de setiembre.

La misma cobertura señala que el subsecretario afirmó haber declarado sus acciones ante la → Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Esta nota no verificó directamente el contenido de esa declaración. La falta de acceso público a un documento no permite concluir, por sí sola, que no haya sido presentado.

El → artículo 14 del Código de Ética en la Función Pública considera contrario a la probidad intervenir en decisiones sobre asuntos en los que el funcionario haya participado privadamente como técnico. También establece que debe comunicar esa implicancia y sus antecedentes al superior para que adopte la resolución correspondiente. Determinar si existió una infracción concreta exige examinar las actuaciones y la documentación del caso.

La controversia deja planteadas dos responsabilidades institucionales: ofrecer información suficiente sobre los intereses declarados y explicar cómo se controla el apartamiento de los expedientes alcanzados. El pedido de renuncia de Colman y la defensa de la excusación realizada por Ortuño son posiciones políticas contrapuestas; la evaluación de la conducta administrativa requiere evidencia sobre las decisiones efectivamente adoptadas.

Fuentes principales

Redacción ICI Plus · 31 de octubre de 2026.

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