
El acuerdo para desarrollar centros de datos y generación solar en Uruguay renovó la atención sobre los antecedentes de Solaria. Documentos oficiales españoles registran rechazos de autorizaciones para dos plantas fotovoltaicas, mientras publicaciones periodísticas anteriores recogen denuncias de contratistas. Su alcance es diferente y requiere una lectura cuidadosa.
La transformación eléctrica uruguaya se apoyó en una política de largo plazo, inversiones públicas y privadas y una planificación que sobrevivió a distintos períodos de gobierno. Ese proceso, iniciado en 2005 y respaldado por un acuerdo multipartidario en 2010, ayuda a explicar por qué la energía renovable es hoy uno de los argumentos del país para atraer proyectos como el de Solaria.
Los informes oficiales del viernes 16 de octubre describieron niveles todavía altos en el río Uruguay, con tendencias diferentes según el tramo y la estación. La → Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) registró bajas en Paysandú y Concepción del Uruguay, pero subas en Fray Bentos y en la desembocadura del Gualeguaychú. A las 08:00, la → Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) informó una cota de embalse de 33,51 metros, 31 centímetros más que a la misma hora del día anterior, mientras evacuaba agua por turbinas y vertedero.
El acuerdo firmado por el Gobierno con Solaria proyecta una inversión de US$ 5.700 millones para instalar centros de datos y generación solar en Uruguay. La iniciativa pone en juego tres capacidades que el país construyó durante años: energía renovable y confiable, conectividad digital y estabilidad institucional. La firma representa un logro de gestión del Gobierno actual y abre una nueva etapa para la economía digital.
Leer más: Solaria: el acuerdo que pone a prueba las capacidades del país
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