Las elecciones israelíes abrieron un período de incertidumbre sobre el futuro político de Benjamin Netanyahu. Su coalición perdió la mayoría parlamentaria, aunque el primer ministro conserva posibilidades de continuar en funciones. En paralelo, enfrenta un juicio por corrupción en Israel y una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Una eventual salida del gobierno no resolvería ninguno de esos procesos, pero podría debilitar su capacidad de respuesta política.
Benjamin Netanyahu llegó a las elecciones del 27 de octubre con una preocupación que excede la continuidad de su gobierno. Desde noviembre de 2024 pesa sobre él una orden de arresto internacional relacionada con la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Además, afronta un proceso penal por corrupción ante la justicia de su país.
El escrutinio provisional indica que su bloque de derecha, extrema derecha y partidos ultraortodoxos quedó por debajo de los 61 diputados necesarios para controlar la Knéset. Sin embargo, tampoco existe todavía una mayoría alternativa capaz de desplazarlo. Netanyahu podría continuar como primer ministro interino mientras se negocia la formación del nuevo gobierno.
Ese escenario obliga a separar dos asuntos diferentes. Su continuidad en el poder depende de las negociaciones parlamentarias. La responsabilidad por los delitos que se le atribuyen, en cambio, corresponde a los tribunales y no puede quedar establecida ni descartada por el resultado de una elección.
Una orden internacional que sigue vigente
El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional ↗ (CPI), con sede en La Haya, emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant.
Los jueces consideraron que existían motivos razonables para creer que ambos podían ser penalmente responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza entre el 8 de octubre de 2023 y, al menos, el 20 de mayo de 2024.
La resolución incluye el presunto empleo del hambre como método de guerra y ataques intencionales contra la población civil. También menciona asesinato, persecución y otros actos inhumanos, dentro de los delitos de lesa humanidad.
Se trata de acusaciones de extraordinaria gravedad. La utilización deliberada del hambre contra civiles está prohibida por el derecho internacional humanitario. La CPI considera que existen fundamentos suficientes para solicitar la comparecencia de los acusados, pero todavía no ha celebrado un juicio que permita establecer su culpabilidad.
Netanyahu rechaza las acusaciones y cuestiona la jurisdicción de la Corte. Israel no es parte del Estatuto de Roma, tratado que establece el funcionamiento de la CPI, aunque los jueces han sostenido que pueden investigar los hechos comprendidos en su jurisdicción territorial sobre Palestina.
La orden de arresto figura vigente en el registro oficial de la Corte. Netanyahu aparece identificado como una persona que permanece en libertad y cuya detención está solicitada.
¿Qué cambiaría si abandona el gobierno?
La salida de Netanyahu de la jefatura del gobierno no produciría automáticamente su arresto. La CPI carece de una fuerza policial propia y necesita la cooperación de los Estados para ejecutar sus decisiones.
Los países que forman parte del Estatuto de Roma tienen obligaciones de cooperación con la Corte, aunque la aplicación de esas obligaciones puede originar controversias jurídicas y diplomáticas. La situación es especialmente compleja cuando las órdenes afectan a dirigentes de Estados que no reconocen su jurisdicción.
El cambio más importante sería político. Mientras Netanyahu dirige el gobierno israelí, dispone de la capacidad institucional de conducir la estrategia estatal de rechazo a las actuaciones de la CPI, coordinar respuestas diplomáticas y mantener relaciones con gobiernos aliados.
Fuera del cargo, ya no controlaría personalmente esa estructura. Un nuevo gobierno podría mantener la oposición israelí a la Corte, modificar sus argumentos o adoptar decisiones diferentes. Ninguna de esas alternativas puede darse por segura antes de conocer quién ejercerá el poder.
También podría cambiar el contexto de sus viajes internacionales. La orden existe independientemente de su cargo, pero las visitas de un primer ministro en funciones generan circunstancias diplomáticas diferentes de las correspondientes a un exmandatario.
No sería correcto afirmar que perder el gobierno eliminaría necesariamente las protecciones jurídicas que pudiera invocar, ni que todos los Estados ejecutarían inmediatamente la orden. Lo que sí puede señalarse es que su situación internacional seguiría condicionada por una decisión judicial cuya vigencia no depende de las urnas israelíes.
La acusación de genocidio: otro tribunal y otra causa
La ofensiva en Gaza también es objeto de un procedimiento internacional por presunto genocidio, aunque se desarrolla ante un tribunal diferente.
El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica ↗ presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia ↗ (CIJ). La acusación sostiene que el Estado israelí incumplió sus obligaciones derivadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
La distinción jurídica es fundamental. La Corte Penal Internacional investiga responsabilidades penales individuales. La Corte Internacional de Justicia examina, en este caso, la posible responsabilidad del Estado de Israel.
La CIJ adoptó medidas provisionales destinadas a proteger los derechos de la población palestina frente al riesgo de actos comprendidos en la Convención. Sin embargo, todavía no ha dictado una sentencia definitiva que determine si Israel cometió genocidio.
El procedimiento continúa abierto. Mediante una resolución del 21 de mayo de 2026, la Corte concedió a Sudáfrica plazo hasta el 22 de noviembre de 2027 para presentar su siguiente escrito e Israel dispone hasta el 22 de mayo de 2029 para responder.
Por tanto, tampoco sería jurídicamente preciso afirmar que Netanyahu tiene actualmente una orden de arresto por genocidio
