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La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva impidió que Brasil iniciara una etapa de mayor incertidumbre para su autonomía internacional y para el futuro de la integración sudamericana. En medio de la competencia entre Estados Unidos y China, las presiones comerciales y la reorganización del poder mundial, la mayor economía de América del Sur conserva un gobierno que reivindica su derecho a relacionarse con todas las potencias sin subordinarse a ninguna. Pero la verdadera soberanía no termina en la política exterior: también exige capacidad para producir, industrializar, investigar, desarrollar tecnología y decidir cómo aprovechar los recursos nacionales. Esa es la discusión de fondo que la victoria brasileña vuelve a colocar sobre la mesa.
Una elección que podía alterar el equilibrio regional
El resultado de las elecciones brasileñas del 25 de octubre de 2026 tuvo consecuencias políticas que exceden las fronteras del país. Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido con el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % obtenido por Flávio Bolsonaro, según los datos del Tribunal Superior Electoral.
La continuidad de Lula preserva una orientación diplomática que procura mantener relaciones con diferentes centros de poder, defender la participación brasileña en organismos multilaterales y fortalecer los mecanismos de cooperación regional.
La alternativa bolsonarista planteaba riesgos para esa orientación. La afinidad política del movimiento con Donald Trump y sus cuestionamientos a determinados instrumentos de integración permitían prever tensiones con la estrategia de autonomía que Brasil ha desarrollado durante distintas etapas de su historia.
No es posible afirmar con certeza qué decisiones habría adoptado un gobierno que no llegó a asumir. Sin embargo, sus antecedentes y posiciones políticas justifican examinar las consecuencias potenciales de un cambio de rumbo.
Para América del Sur, la cuestión es especialmente importante: cuando Brasil modifica su orientación internacional, las repercusiones alcanzan al comercio, las inversiones, la infraestructura y las posibilidades de negociación de sus vecinos.
La advertencia de Álvaro Padrón
El analista internacional uruguayo Álvaro Padrón, asesor presidencial en integración regional y secretario ejecutivo del Centro de Formación para la Integración Regional, planteó esta preocupación en una entrevista realizada el 26 de octubre en el programa La Escucha, de los Medios Públicos de Uruguay.
Su interpretación fue contundente: “Lo más peligroso que podía haber ocurrido anoche, si ganaba Bolsonaro, era la ruptura de un equilibrio geopolítico”.
Padrón agregó que ese riesgo era importante no solamente para Brasil, sino también para Uruguay y para el conjunto de la región.
La afirmación merece una explicación. El equilibrio al que se refiere no supone que las grandes potencias mantengan relaciones armoniosas ni que sus intereses sean equivalentes. Significa que los países sudamericanos conservan cierto margen para negociar con diferentes actores internacionales sin quedar obligados a adoptar un alineamiento excluyente.
Cuando ese margen se reduce, también disminuye la capacidad de decidir sobre cuestiones comerciales, financieras, tecnológicas y estratégicas.
La entrevista, publicada por → Medios Públicos de Uruguay, constituye un punto de partida para analizar una cuestión central: qué significa ejercer soberanía en una economía internacional profundamente interdependiente.
Ni subordinación ni aislamiento
La soberanía nacional suele presentarse como una cuestión jurídica o territorial. Sin embargo, en el mundo contemporáneo también depende de las condiciones económicas y tecnológicas que permiten ejercerla.
Un país puede tener instituciones independientes y, al mismo tiempo, encontrarse condicionado por su dependencia de determinados mercados, proveedores, fuentes de financiamiento o tecnologías.
Por eso, la autonomía no consiste en cerrar las fronteras ni en rechazar el comercio internacional. Consiste en evitar que una dependencia excesiva transforme las relaciones económicas en mecanismos de presión política.
Brasil necesita vender sus productos, atraer inversiones, adquirir tecnologías y mantener relaciones con Estados Unidos, China, Europa y otros mercados. Lo mismo ocurre, en diferentes escalas, con Uruguay y sus vecinos.
El problema aparece cuando esas relaciones dejan de ser instrumentos de desarrollo y pasan a limitar las decisiones de los gobiernos.
En la entrevista, Padrón recuperó una frase pronunciada por Lula después de la elección: “Brasil no es el patio trasero de nadie”.
La expresión remite a una larga historia latinoamericana de intervenciones externas, condicionamientos económicos y disputas por el control de recursos estratégicos.
Pero también plantea una exigencia hacia el interior de nuestros países. Para que la independencia sea efectiva, debe apoyarse en instituciones capaces de planificar, negociar y desarrollar capacidades nacionales.
Estados Unidos, China y una región que no puede elegir un único destino
La competencia entre Estados Unidos y China es uno de los principales factores que reorganizan el escenario internacional.
Ambas potencias poseen intereses económicos, tecnológicos y estratégicos en América Latina. Sus relaciones con la región incluyen comercio, inversiones, financiamiento, infraestructura, servicios y acceso a recursos naturales.
La disputa no afecta a todos los países de la misma manera. Cada economía presenta una estructura productiva diferente y mantiene vínculos específicos con los mercados internacionales.
Padrón utilizó el caso uruguayo para ilustrar esa complejidad. Recordó que China ocupa un lugar central en el comercio de bienes, Estados Unidos en la demanda de servicios y Europa como origen de inversiones.
Su conclusión fue que esa pluralidad de relaciones resulta fundamental para desenvolverse en un escenario internacional cambiante.
Desde una perspectiva de desarrollo nacional, diversificar los vínculos permite reducir riesgos, ampliar oportunidades y evitar que un único socio concentre una influencia excesiva.
Sin embargo, diversificar no significa carecer de prioridades. Cada acuerdo comercial, inversión o proyecto tecnológico debe evaluarse por su contribución al empleo, la producción, el conocimiento y el bienestar de la población.
Tampoco corresponde idealizar a ninguna potencia. Estados Unidos, China y los países europeos actúan de acuerdo con sus propios intereses, que pueden coincidir o entrar en conflicto con los objetivos sudamericanos.
La tarea de nuestros gobiernos consiste en identificar espacios de cooperación sin renunciar a la defensa de sus prioridades nacionales.
La autonomía brasileña tiene una historia más larga que Lula
La búsqueda de una política exterior autónoma no comenzó con el actual presidente brasileño.
Durante distintas etapas del siglo XX, gobiernos de orientaciones diversas intentaron fortalecer la capacidad de Brasil para negociar con las potencias y desarrollar una base económica e industrial propia.
La industrialización, la expansión de las empresas estatales estratégicas, la formación de técnicos e investigadores y la creación de instituciones de financiamiento formaron parte de ese proceso.
También existieron contradicciones profundas. Brasil atravesó una dictadura militar, períodos de concentración económica, endeudamiento, desigualdad y conflictos entre distintos proyectos nacionales.
La historia demuestra que la defensa de intereses nacionales no pertenece exclusivamente a una corriente partidaria. Pero también enseña que el concepto de soberanía puede utilizarse con significados diferentes.
Para una perspectiva democrática y progresista, la autonomía debe estar vinculada con derechos, participación ciudadana, justicia social y desarrollo humano.
Un Estado con capacidad de decisión internacional no es necesariamente un Estado que distribuya mejor la riqueza o respete plenamente las libertades. Ambas dimensiones deben construirse conjuntamente.
El papel de los BRICS y del multilateralismo
La participación brasileña en los BRICS constituye uno de los instrumentos mediante los cuales el país busca ampliar sus relaciones internacionales.
Este espacio de cooperación reúne economías con intereses y sistemas políticos diversos. No constituye una alianza homogénea ni garantiza automáticamente beneficios para todos sus integrantes.
Su importancia radica, entre otros aspectos, en ofrecer ámbitos adicionales de negociación económica, financiera y diplomática.
La política exterior brasileña también ha defendido reformas en los organismos de gobernanza mundial para ampliar la participación de los países en desarrollo.
La → Mensaje al Congreso Nacional de Brasil de 2026 identifica entre sus prioridades la cooperación Sur-Sur, la reforma de la gobernanza internacional, el desarrollo sostenible y la solución pacífica de los conflictos.
Estas posiciones ofrecen un marco para comprender la orientación diplomática que continuará durante el nuevo mandato de Lula.
No obstante, los espacios multilaterales tienen límites. Las diferencias entre sus integrantes, los conflictos comerciales y las asimetrías de poder pueden reducir su eficacia.
Por eso, la participación en organismos internacionales debe complementarse con políticas nacionales de desarrollo y acuerdos regionales concretos.
La verdadera soberanía se juega en la producción
Uno de los aportes más importantes de Padrón consiste en relacionar la autonomía internacional con la capacidad de dejar de depender exclusivamente de la exportación de materias primas.
América del Sur posee una extraordinaria disponibilidad de tierras productivas, agua, minerales, bosques, energía y biodiversidad.
Sin embargo, disponer de recursos naturales no equivale a controlar las actividades que generan mayor conocimiento, valor agregado y capacidad tecnológica.
Una economía puede exportar grandes cantidades de materias primas y seguir dependiendo de la importación de maquinaria, componentes electrónicos, medicamentos, software o servicios especializados.
La dependencia se vuelve especialmente visible cuando las tecnologías indispensables para producir, transportar o transformar esos recursos son desarrolladas y controladas en otros países.
Superar esa situación no significa abandonar las exportaciones agrícolas, forestales o minerales. Significa aprovecharlas como base para ampliar las capacidades productivas.
La industria forestal, por ejemplo, puede generar oportunidades de desarrollo tecnológico vinculadas con la madera industrializada, los biomateriales, la química, la maquinaria y los sistemas de logística.
La producción agropecuaria puede impulsar investigación genética, maquinaria especializada, biotecnología, sistemas digitales y servicios de alto conocimiento.
La transición energética abre posibilidades en redes eléctricas, almacenamiento, ingeniería, servicios tecnológicos y nuevos procesos industriales.
Pero esas oportunidades no se concretan por la sola existencia de recursos. Requieren investigación, formación profesional, inversión y políticas sostenidas.
La advertencia de la CEPAL: sin productividad no habrá desarrollo suficiente
La → Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que la región enfrenta una persistente dificultad para sostener tasas elevadas de crecimiento, vinculada en buena medida con el estancamiento de la productividad.
Su informe sobre políticas de desarrollo productivo, publicado en 2026, identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la articulación entre empresas e instituciones como elementos centrales para superar esa situación.
El diagnóstico es particularmente importante porque permite distinguir entre crecimiento económico circunstancial y transformación estructural.
Un aumento favorable de los precios internacionales puede elevar las exportaciones y los ingresos de un país. Pero no necesariamente modifica su capacidad para producir bienes y servicios más complejos.
La transformación productiva exige mejorar procesos, desarrollar conocimientos, incorporar tecnología y fortalecer cadenas de proveedores.
También requiere mecanismos de financiamiento, infraestructura y políticas que permitan a las empresas invertir e innovar.
La participación estatal resulta importante para coordinar objetivos de largo plazo, mientras las empresas privadas, las cooperativas y otras formas de organización productiva pueden aportar inversión, conocimiento y capacidad de ejecución.
El desafío consiste en articular esas capacidades y asegurar que los resultados se traduzcan en empleo de calidad, inclusión y sostenibilidad ambiental.
En este sentido, la soberanía productiva no es una consigna abstracta. Se expresa en la capacidad de formar investigadores, diseñar tecnologías, fabricar bienes, prestar
