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La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil impidió un cambio de orientación internacional que podía reducir la autonomía de la mayor economía sudamericana frente a Estados Unidos. Pero la disputa por la soberanía regional no comenzó con Donald Trump ni terminará con la victoria electoral brasileña. Desde la Doctrina Monroe hasta las actuales presiones comerciales, financieras y tecnológicas, América del Sur ha debido enfrentar una relación profundamente desigual con la principal potencia del continente. La cuestión no consiste en rechazar la cooperación con Washington, sino en establecer si nuestros países pueden relacionarse con Estados Unidos desde sus propios intereses, sin renunciar a decidir su destino.
Una elección brasileña observada desde Washington
El 25 de octubre de 2026, Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección presidencial con el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % obtenido por Flávio Bolsonaro.
La victoria tuvo repercusiones inmediatas en América del Sur y también en Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump había seguido de cerca la campaña brasileña.
Según informó el diario Folha de S.Paulo el 26 de octubre, el Departamento de Estado estadounidense tenía preparado un comunicado sobre las elecciones, pero recibió instrucciones de aplazar su publicación después de que Flávio Bolsonaro cuestionara el resultado y solicitara su anulación.
El episodio no demuestra que Washington haya intentado modificar el escrutinio. Sin embargo, muestra la sensibilidad política con la que la administración estadounidense recibió una elección decisiva para el equilibrio regional.
Durante la campaña, Trump había evitado formalizar un respaldo explícito a alguno de los candidatos, aunque expresó valoraciones favorables sobre el desempeño de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta.
La afinidad ideológica entre el presidente estadounidense y el movimiento bolsonarista era conocida. Pero la cuestión central trasciende esa cercanía política: Brasil representa un actor económico y diplomático cuya orientación puede modificar las relaciones de poder en América del Sur.
La continuidad de Lula mantiene abierta una política exterior que busca relacionarse con Estados Unidos, China, Europa y otros centros de poder sin aceptar alineamientos automáticos.
Para comprender por qué esa posición resulta importante, es necesario examinar una historia que comenzó mucho antes de las actuales disputas electorales.
La Doctrina Monroe: el origen de una relación desigual
En 1823, el presidente estadounidense James Monroe presentó ante el Congreso una declaración que pasó a la historia como la Doctrina Monroe.
Su formulación original se vinculaba con la oposición a nuevas intervenciones coloniales europeas en el continente americano.
Sin embargo, durante los siglos XIX y XX, diferentes gobiernos estadounidenses reinterpretaron ese principio para justificar una creciente influencia sobre los asuntos políticos y económicos de América Latina.
El llamado Corolario Roosevelt, anunciado en 1904, amplió esa interpretación al atribuir a Estados Unidos una función de intervención en determinados países del hemisferio.
La relación entre Washington y América Latina comenzó así a organizarse alrededor de una contradicción persistente: la defensa formal de la independencia de las naciones americanas convivió, en diferentes períodos, con prácticas de intervención y tutela.
La expresión “patio trasero”, utilizada para describir esa concepción de poder, sintetiza una relación en la que los países latinoamericanos son considerados parte de una zona de influencia antes que sujetos plenamente autónomos.
No toda la política estadounidense respondió a esa lógica ni todas las relaciones bilaterales fueron conflictivas. También existieron cooperación económica, intercambios educativos, inversiones y acuerdos beneficiosos.
Pero la asimetría de poder ha sido una característica constante que los países sudamericanos necesitan reconocer al formular sus estrategias internacionales.
La Guerra Fría y las intervenciones sobre las democracias sudamericanas
Durante la Guerra Fría, la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética intensificó la intervención de las grandes potencias en distintas regiones del mundo.
América del Sur no fue una excepción.
En Brasil, el golpe militar de 1964 contra el presidente João Goulart contó con respaldo político estadounidense y con preparativos de apoyo logístico documentados posteriormente.
En Chile, documentos desclasificados muestran que la administración de Richard Nixon y organismos estadounidenses desarrollaron acciones destinadas a impedir o debilitar al gobierno de Salvador Allende antes del golpe militar de septiembre de 1973.
La historia de las dictaduras sudamericanas también incluye mecanismos de coordinación represiva, como la Operación Cóndor, que permitieron perseguir opositores políticos más allá de las fronteras nacionales.
La documentación histórica disponible permite examinar diferentes niveles de conocimiento, cooperación y responsabilidad de actores estadounidenses en esos procesos. Es importante distinguirlos y evitar atribuir idénticas responsabilidades a situaciones que tuvieron características distintas.
También corresponde reconocer la responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, los dirigentes civiles y los grupos económicos nacionales que participaron en la destrucción de las instituciones democráticas.
Las dictaduras no fueron acontecimientos impuestos exclusivamente desde el exterior. Surgieron de alianzas y conflictos internos, en un contexto internacional que favoreció y, en determinados casos, respaldó esas rupturas.
La experiencia dejó consecuencias duraderas: violaciones de los derechos humanos, exilio, debilitamiento institucional y transformaciones económicas que afectaron profundamente a las sociedades sudamericanas.
Uruguay conoce las consecuencias de perder la democracia
Para Uruguay, esta historia no constituye un asunto distante.
La dictadura cívico-militar de 1973 a 1985 interrumpió la vida democrática, persiguió organizaciones políticas y sindicales, restringió las libertades y dejó un legado de prisión política, exilio, tortura y desapariciones forzadas.
La recuperación democrática fue resultado de un prolongado proceso de resistencia social, reorganización política y construcción de acuerdos.
Esa experiencia explica por qué la defensa de la soberanía debe estar inseparablemente vinculada con el respeto a los derechos humanos y las instituciones democráticas.
No alcanza con que un gobierno proclame la independencia nacional si restringe las libertades de su propia población.
La soberanía democrática significa que las decisiones fundamentales deben responder a la voluntad ciudadana, dentro de un sistema de derechos y garantías.
También significa que las relaciones internacionales no deberían utilizarse para justificar intervenciones destinadas a alterar los procesos políticos legítimos de otros países.
La dependencia económica: una forma menos visible de subordinación
Las intervenciones militares y políticas constituyen la expresión más evidente de las relaciones desiguales entre Estados.
Sin embargo, existen mecanismos económicos capaces de condicionar las decisiones nacionales sin necesidad de recurrir a la fuerza.
La dependencia de financiamiento externo, la concentración de exportaciones en pocos mercados, el endeudamiento en moneda extranjera y la necesidad de importar tecnologías estratégicas pueden reducir el margen de acción de los gobiernos.
Durante las décadas de 1980 y 1990, numerosos países latinoamericanos atravesaron crisis de deuda y programas de ajuste económico que modificaron sus políticas fiscales, comerciales y productivas.
Las reformas aplicadas tuvieron resultados diferentes según los países y sectores. Algunas contribuyeron a estabilizar determinadas variables económicas, mientras otras provocaron costos sociales elevados o debilitaron capacidades productivas.
El problema no consiste en negar la necesidad de estabilidad macroeconómica ni de acceso al crédito internacional.
Consiste en reconocer que las condiciones del financiamiento y las relaciones comerciales pueden restringir la capacidad de definir estrategias de desarrollo propias.
Una economía soberana necesita estabilidad, inversión y comercio, pero también debe desarrollar instrumentos para reducir vulnerabilidades y ampliar sus opciones.
Trump y el regreso de las presiones explícitas
La política exterior de Donald Trump ha colocado nuevamente en primer plano el uso de instrumentos comerciales y diplomáticos como mecanismos de presión.
Los aranceles, las sanciones y las amenazas de restricciones económicas forman parte de un escenario internacional en el que las grandes potencias procuran proteger sus intereses y aumentar su capacidad negociadora.
En el caso brasileño, la campaña electoral de 2026 se desarrolló en medio de tensiones con Washington.
Una investigación publicada por El País de España el 4 de octubre recogió cuestionamientos de legisladores estadounidenses a las presiones diplomáticas, económicas y políticas ejercidas por su propio gobierno sobre Brasil.
También informó sobre preocupaciones de los servicios de inteligencia brasileños respecto de posibles interferencias extranjeras en el proceso electoral.
Estas denuncias deben distinguirse de los hechos demostrados. La existencia de advertencias institucionales no significa que todas las acusaciones hayan sido verificadas ni que pueda atribuirse a un único actor el comportamiento electoral brasileño.
Pero sí muestran que la autonomía política se ha convertido en un asunto concreto dentro de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos.
La elección de Lula preservó un gobierno dispuesto a discutir esas relaciones desde una posición de independencia diplomática.
Eso no elimina la necesidad de negociar con Washington ni impide la cooperación bilateral en comercio, inversiones, educación, seguridad y tecnología.
La cuestión es establecer condiciones de cooperación compatibles con los intereses brasileños y con el respeto mutuo entre Estados.
Álvaro Padrón y la trampa de los alineamientos obligatorios
En su entrevista del 26 de octubre en el programa La Escucha, de Medios Públicos de Uruguay, el analista internacional Álvaro Padrón explicó por qué el resultado brasileño tiene consecuencias para toda América del Sur.
Padrón sostuvo que una victoria bolsonarista podía romper un equilibrio geopolítico importante para Brasil, Uruguay y sus vecinos.
Su argumento se relaciona con la diversidad de vínculos internacionales que mantienen las economías sudamericanas.
Uruguay tiene relaciones comerciales y de inversión relevantes con China, Estados Unidos y Europa. Esa pluralidad permite ampliar oportunidades y evitar una dependencia exclusiva de un único centro de poder.
Padrón cuestionó la lógica que exige a los países definirse incondicionalmente por una potencia y contra otra.
La posición del analista no supone desconocer las diferencias entre los sistemas políticos ni los intereses de los grandes actores internacionales.
Plantea que los países sudamericanos necesitan conservar libertad para establecer relaciones de acuerdo con sus prioridades nacionales.
En ese contexto, recuperó una afirmación de Lula: “Brasil no es el patio trasero de nadie”.
La expresión resume una aspiración histórica latinoamericana, pero también plantea una responsabilidad: construir las capacidades necesarias para que esa independencia sea efectiva.
El análisis completo puede consultarse en → Medios Públicos de Uruguay.
La soberanía tecnológica: el nuevo escenario de disputa
Las relaciones de poder internacionales ya no se expresan únicamente mediante territorios, bases militares o acuerdos comerciales.
El control de tecnologías estratégicas se ha convertido en una fuente creciente de influencia económica y política.
Los semiconductores, los sistemas de inteligencia artificial, las redes de telecomunicaciones, los servicios digitales, la infraestructura energética y los equipos industriales forman parte de cadenas productivas internacionales altamente concentradas.
Los países que dependen de proveedores externos para actividades esenciales pueden enfrentar restricciones de acceso, cambios de precios o decisiones políticas que condicionen su desarrollo.
América del Sur necesita participar de esas cadenas internacionales, pero también debe identificar áreas donde pueda desarrollar capacidades propias.
Eso requiere inversión en educación, investigación científica, formación de ingenieros y técnicos, infraestructura digital y empresas capaces de incorporar conocimiento.
La cooperación internacional puede contribuir decisivamente a esos objetivos cuando facilita transferencia tecnológica, investigación conjunta y formación profesional.
La dependencia se profundiza, en cambio, cuando las economías quedan limitadas a consumir tecnologías desarrolladas en otros países sin generar capacidades locales.
La autonomía tecnológica no significa fabricar absolutamente todo dentro de las fronteras nacionales. Significa disponer de conocimientos, proveedores alternativos y capacidad de decisión en sectores estratégicos.
Los recursos naturales y la disputa por el valor agregado
América del Sur dispone de recursos fundamentales para la economía mundial: alimentos, minerales, agua, energía, bosques y biodiversidad.
Esa riqueza constituye una oportunidad de desarrollo, pero también genera intereses internacionales que los gobiernos deben administrar.
La cuestión central es cómo transformar esos recursos en bienestar colectivo.
Exportar materias primas puede generar ingresos, empleo e inversiones importantes. Sin embargo, las mayores oportunidades de desarrollo suelen ampliarse cuando los países incorporan procesamiento industrial, investigación, servicios especializados y tecnología.
La producción agropecuaria puede vincularse con biotecnología, maquinaria, genética y sistemas digitales.
La actividad forestal puede impulsar cadenas de madera industrializada, biomateriales, ingeniería, química y logística avanzada.
Los recursos energéticos pueden servir como base para desarrollar nuevos procesos industriales y servicios tecnológicos.
Pero esas transformaciones requieren políticas públicas, inversión privada, instituciones de investigación y una fuerza de trabajo altamente capacitada.
La defensa de la soberanía debe incluir, por tanto, una estrategia de desarrollo productivo.
Un país que conserva formalmente el control de sus recursos, pero depende completamente del exterior para transformarlos, enfrenta limitaciones importantes para decidir su futuro económico.
Estados Unidos también puede ser un socio para el desarrollo
Reconocer las intervenciones históricas y las actuales asimetrías de poder no implica desconocer las oportunidades de cooperación con Estados Unidos.
Su economía constituye un mercado relevante para numerosos bienes y servicios latinoamericanos y dispone de empresas, universidades y centros de investigación de gran capacidad tecnológica.
Las relaciones comerciales, las inversiones y la cooperación científica pueden contribuir al desarrollo sudamericano cuando se establecen bajo condiciones transparentes y beneficiosas para ambas partes.
Uruguay, por ejemplo, mantiene una relación significativa con Estados Unidos en actividades vinculadas con servicios globales, tecnología y conocimiento.
La cuestión no es elegir entre cooperación y soberanía.
Una política exterior madura necesita ambas cosas: relaciones internacionales amplias y capacidad nacional para negociar.
Tampoco sería coherente rechazar dependencias respecto de Washington para sustituirlas por subordinaciones equivalentes frente a otras potencias.
La autonomía debe aplicarse de manera consistente, independientemente del país con el que se negocie.
La integración regional como respuesta a las asimetrías
Los países sudamericanos poseen capacidades muy diferentes para negociar individualmente con las grandes potencias.
Brasil cuenta con una dimensión económica, territorial e industrial que le proporciona instrumentos de negociación importantes.
Uruguay, Paraguay y otros países de menor escala necesitan combinar sus estrategias nacionales con mecanismos de cooperación regional que amplíen sus posibilidades.
El Mercosur puede contribuir a ese objetivo mediante mercados ampliados, cadenas productivas compartidas y acuerdos comerciales negociados conjuntamente.
Pero su eficacia depende de que los beneficios de la integración no queden concentrados exclusivamente en las economías de mayor tamaño.
Para Uruguay, una integración útil debe contribuir a desarrollar proveedores nacionales, fortalecer infraestructura, ampliar mercados y generar empleos de calidad.
También debe permitir que las empresas del interior participen de cadenas productivas regionales y que las instituciones educativas y científicas desarrollen proyectos compartidos.
La cooperación regional puede incluir, además, asuntos que no se resuelven mediante acuerdos comerciales: crimen organizado transnacional, protección ambiental, infraestructura energética y seguridad de las cadenas de suministro.
En ese sentido, la integración no es solamente una herramienta económica. También puede fortalecer la capacidad de los Estados para responder a desafíos comunes.
El desafío de construir una soberanía democrática
La historia sudamericana demuestra que la soberanía puede ser debilitada desde el exterior, pero también desde el interior de las propias sociedades.
Las dictaduras, la concentración extrema del poder, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones pueden reducir la capacidad de los ciudadanos para decidir sobre su futuro.
Por eso, una concepción progresista de la soberanía debe vincular independencia nacional con democracia, derechos humanos y desarrollo social.
La autonomía económica tampoco debería convertirse en una justificación para proteger privilegios o actividades ineficientes sin resultados para la sociedad.
Las políticas industriales, los incentivos y las inversiones públicas necesitan objetivos verificables, mecanismos de evaluación y compromisos con el empleo, la innovación y la sostenibilidad.
La construcción de capacidades nacionales exige continuidad, pero también transparencia y responsabilidad institucional.
La soberanía no pertenece a un gobierno ni a una corriente política. Pertenece a la sociedad y debe ejercerse mediante instituciones democráticas.
Brasil evitó un cambio de rumbo; América del Sur debe aprovechar la oportunidad
La reelección de Lula impidió un escenario que podía debilitar la autonomía diplomática
