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Un proyecto para fraccionar un predio de unas 24 hectáreas en Marindia abrió una controversia sobre conservación, expansión urbana y participación ciudadana. La empresa propone ceder más de la mitad del terreno al dominio público; un colectivo vecinal reclama preservar el conjunto como parque costero. Ambiente recibe observaciones hasta el 13 de noviembre.

El futuro del padrón 3286 de Marindia, en la Costa de Oro de Canelones, está sometido a evaluación ambiental. El → Ministerio de Ambiente mantiene abierta la puesta de manifiesto del proyecto, una instancia que permite consultar la documentación y presentar aportes antes de la resolución.

La propuesta de Malaika Resort SA contempla 11 manzanas y 101 lotes predominantemente residenciales, con calles, drenajes, redes de servicios y accesos peatonales a la costa. El pedido refiere al fraccionamiento y su infraestructura: no debe confundirse con la construcción simultánea de 101 viviendas.

Qué propone la empresa

El terreno tiene una superficie aproximada de 242.584 metros cuadrados, equivalentes a 24,26 hectáreas. Según la información oficial de la consulta, el proyecto prevé incorporar al dominio público el 52,7% del padrón.

Esa cesión comprende una franja costera de 150 metros desde la línea de ribera, el sector asociado al barranco del este y un área del suroeste destinada a recuperar y conservar el matorral psamófilo: vegetación adaptada a los suelos arenosos del litoral.

El Informe Ambiental Resumen, fechado en setiembre y publicado por Ambiente el 23 de octubre, presenta la evaluación elaborada para el promotor. Sus conclusiones y medidas de mitigación constituyen insumos del trámite; su publicación no equivale al otorgamiento de la Autorización Ambiental Previa.

La alternativa que plantean los vecinos

El Grupo Vecinxs en Protección del Parque de los Pájaros, Barrancos y Dunas de Marindia sostiene que debe conservarse el predio completo. En una petición pública creada el 4 de octubre solicita detener el fraccionamiento, expropiar el terreno y desarrollar el Parque de los Barrancos, articulado con otros espacios comunitarios.

La organización propone una gestión con participación vecinal orientada a restauración, educación y turismo ambiental. También cuestiona el cumplimiento de la normativa territorial y costera, el tamaño de determinados solares y la evaluación de los efectos sobre dunas, barrancos y biodiversidad.

Estos planteos son objeciones del colectivo y requieren respuesta técnica e institucional. No constituyen, por sí solos, una resolución que declare ilegal el emprendimiento. Del mismo modo, la expropiación es una alternativa solicitada por los vecinos, sin que la documentación consultada acredite una decisión estatal de ejecutarla.

Vegetación, agua y mantenimiento

El estudio presentado por la empresa describe una importante presencia de especies exóticas y propone controlar las invasoras y recuperar flora nativa. También reconoce funciones ambientales de los sectores costeros y del barranco, entre ellas la regulación del agua y la continuidad de espacios verdes.

La existencia de vegetación exótica no resuelve por sí sola la discusión sobre el destino del suelo. Evaluar el proyecto exige considerar las intervenciones previstas, las funciones que se conservarían y los controles necesarios durante las obras y la posterior ocupación.

El saneamiento es otro punto relevante. El informe señala que no existe acceso a una red pública en la zona y prevé soluciones individuales para las futuras viviendas. También plantea infraestructura para amortiguar el escurrimiento de lluvia. Su funcionamiento dependerá de la ejecución, el mantenimiento y la fiscalización de las condiciones que finalmente se autoricen.

Participar antes de la decisión

Los promotores y el colectivo vecinal discrepan sobre el alcance de las consultas locales: mientras la documentación empresarial recoge percepciones favorables, los vecinos cuestionan que ese relevamiento represente una aceptación comunitaria.

La instancia formal permite incorporar esas diferencias al procedimiento. La → página oficial del proyecto reúne los enlaces al informe y al canal para presentar observaciones hasta el 13 de noviembre.

La decisión deberá examinar la compatibilidad del desarrollo propuesto con la conservación costera, los servicios y el uso colectivo del territorio. Para la comunidad, será relevante conocer tanto la respuesta a sus objeciones como las responsabilidades de conservación y control que resulten del trámite.

Fuentes principales

Redacción ICI Plus · 1.º de noviembre de 2026.

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