
La expansión de los centros de datos de inteligencia artificial está modificando las necesidades eléctricas de Estados Unidos y abriendo un debate sobre los costos de las nuevas infraestructuras. Un estudio publicado en Nature Sustainability estima que 403 grandes centros de datos consumieron aproximadamente 82 teravatios hora de electricidad entre mayo de 2024 y abril de 2025, equivalentes al 1,8 % del consumo nacional. Paralelamente, el operador de la mayor red eléctrica regional estadounidense propone acelerar los procedimientos de conexión y determinar qué inversiones deben financiar los nuevos consumidores. La discusión tiene especial importancia para Uruguay, donde los proyectos tecnológicos de gran escala deberán compatibilizarse con la sostenibilidad económica de UTE y las necesidades de los demás usuarios.
El crecimiento de la inteligencia artificial está transformando la industria informática, pero también está modificando las necesidades de los sistemas eléctricos.
Los grandes centros de datos necesitan cantidades considerables de electricidad para alimentar servidores, procesadores, equipos de comunicaciones y sistemas de refrigeración.
A medida que se multiplican estas instalaciones, los operadores eléctricos deben estudiar nuevas conexiones, ampliar redes y asegurar suficiente capacidad de generación.
Dos novedades conocidas durante la tercera semana de noviembre de 2026 permiten dimensionar el problema.
La primera es una investigación encabezada por científicos de la → Universidad de Harvard, publicada el 16 de noviembre en la revista científica Nature Sustainability.
La segunda es una propuesta del operador eléctrico estadounidense → PJM Interconnection para modificar los procedimientos de conexión de grandes consumidores y centrales eléctricas.
Aunque corresponden a iniciativas diferentes, ambas muestran que el desarrollo de inteligencia artificial está adquiriendo una dimensión energética y económica cada vez más importante.
Harvard estudió 403 grandes centros de datos
La investigación, titulada Assessing the carbon emissions and energy consumption of US hyperscale data centres, fue desarrollada por un equipo encabezado por Gianluca Guidi y Francesca Dominici, con participación de investigadores de distintas instituciones.
El trabajo analizó 403 centros de datos de gran escala que operaban en Estados Unidos entre mayo de 2024 y abril de 2025.
Los investigadores utilizaron información sobre instalaciones, imágenes satelitales, estimaciones de capacidad eléctrica y datos públicos de generación para calcular el consumo y las emisiones asociadas.
El estudio no se basó en lecturas directas de los medidores eléctricos de todos los establecimientos.
Por tanto, sus resultados constituyen estimaciones científicas sujetas a diferentes escenarios de utilización.
Según el modelo central, los establecimientos analizados consumieron aproximadamente 82 teravatios hora de electricidad durante el período estudiado.
Un teravatio hora equivale a 1.000 millones de kilovatios hora.
La cifra representa aproximadamente el 1,8 % de toda la electricidad consumida en Estados Unidos durante ese período.
Es importante aclarar que el estudio se refiere a una muestra identificada de grandes centros de datos y no al conjunto de todas las instalaciones informáticas estadounidenses.
El consumo estimado oscila entre 68 y 99 TWh
Los investigadores analizaron distintos niveles posibles de utilización de las instalaciones.
En función de esas hipótesis, el consumo conjunto se situó entre aproximadamente 68 y 99 teravatios hora anuales.
El escenario central de 82 teravatios hora constituye la referencia principal utilizada por los autores.
Esta amplitud demuestra la importancia de conocer cuánto utilizan realmente su capacidad eléctrica los centros de datos.
Una instalación puede disponer de una conexión de gran potencia y consumir menos energía que la máxima teórica durante determinados períodos.
Por eso, la potencia contratada o instalada no debe confundirse con el consumo eléctrico efectivo.
La distinción resulta fundamental cuando se estudian nuevos proyectos industriales o tecnológicos.
Más de la mitad de la electricidad procedía de combustibles fósiles
El estudio también analizó las fuentes de generación asociadas al abastecimiento eléctrico de los centros de datos.
Según sus estimaciones, aproximadamente el 54 % de la electricidad atribuida a estas instalaciones procedía de fuentes fósiles.
La participación de gas natural y carbón refleja las características de las redes regionales donde están ubicados los establecimientos.
Los investigadores calcularon que, en el escenario central, el consumo de las 403 instalaciones estuvo asociado a aproximadamente 25,7 millones de toneladas de dióxido de carbono.
La cifra corresponde a una atribución de emisiones basada en la combinación de fuentes eléctricas de las redes regionales.
No significa que todos los centros de datos generen directamente esas emisiones dentro de sus predios.
Tampoco significa que todas las instalaciones tengan el mismo impacto ambiental.
La composición de la matriz eléctrica y las condiciones de operación producen diferencias importantes entre regiones.
Los datos corresponden a 2024 y 2025, no al consumo actual
Una precisión necesaria es que el estudio fue publicado en noviembre de 2026, pero sus estimaciones corresponden al período comprendido entre mayo de 2024 y abril de 2025.
Los resultados no representan una medición directa del consumo de noviembre de 2026.
Los autores advierten que desde entonces continuó la construcción de centros de datos y aumentó la demanda de capacidad informática.
Por tanto, el consumo actual podría ser superior al estimado para el período estudiado.
Sin embargo, no corresponde establecer una cifra actualizada sin disponer de información adicional.
El valor del trabajo reside en proporcionar una metodología para estudiar instalaciones individuales y relacionar su consumo con las fuentes de generación eléctrica.
PJM enfrenta una demanda eléctrica creciente
La segunda noticia procede de PJM Interconnection, operador de una extensa red eléctrica que abastece a aproximadamente 67 millones de personas en 13 estados estadounidenses y el Distrito de Columbia.
La región comprende importantes concentraciones de actividad tecnológica e industrial.
El crecimiento de los centros de datos está generando solicitudes de conexión que exigen estudios de generación, transmisión y capacidad disponible.
El 16 de noviembre, PJM presentó ante la → Comisión Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos (FERC) una propuesta para reorganizar los procedimientos de planificación.
El objetivo anunciado es reducir los tiempos necesarios para estudiar nuevas conexiones eléctricas.
Según la información difundida por Reuters, el operador busca pasar de procedimientos que pueden requerir aproximadamente dos años a un esquema de evaluación de unos doce meses.
La propuesta todavía está sujeta al proceso regulatorio correspondiente y no debe presentarse como una reforma definitivamente aprobada.
Una posible insuficiencia de 6.800 MW
La expansión de la demanda está generando preocupación por la capacidad futura de abastecimiento.
PJM ha identificado un posible déficit de capacidad de aproximadamente 6.800 megavatios en sus proyecciones.
La cifra describe un riesgo de suficiencia futura del sistema, no un corte de electricidad ya producido.
Para atender nuevas demandas, pueden resultar necesarias inversiones en generación, transmisión y otros recursos eléctricos.
El operador también busca coordinar mejor la incorporación de nuevas centrales y grandes consumidores.
El problema no consiste únicamente en construir centros de datos.
Consiste en asegurar que el sistema eléctrico pueda abastecerlos sin comprometer la confiabilidad del servicio existente.
¿Quién paga las nuevas líneas y transformadores?
Una de las cuestiones centrales del debate estadounidense es cómo distribuir los costos de infraestructura que exige la llegada de grandes consumidores.
Cuando una nueva instalación requiere ampliar una subestación, reforzar una línea o construir infraestructura adicional, es necesario determinar quién financia esas obras.
Existen diferentes mecanismos regulatorios y contractuales para distribuir los costos.
Sin embargo, si los gastos de una inversión destinada principalmente a un gran consumidor se trasladan indiscriminadamente a las tarifas generales, pueden terminar afectando a hogares y pequeñas empresas.
La propuesta de PJM busca identificar de manera más integrada las necesidades de generación, transmisión y conexión.
Esa información podría facilitar decisiones regulatorias sobre qué costos corresponden a los nuevos emprendimientos y cuáles benefician al conjunto del sistema.
No significa que todos los costos deban atribuirse automáticamente a un único usuario.
La distribución adecuada depende de las características técnicas, los beneficios compartidos y las reglas regulatorias aplicables.
Los consumidores también participan en el debate
La expansión de centros de datos ha generado discusiones en distintas comunidades estadounidenses.
Entre las preocupaciones figuran el consumo de electricidad, la necesidad de nuevas instalaciones energéticas y el posible impacto sobre las tarifas.
También existen inquietudes relacionadas con el uso de agua, el suelo y la concentración territorial de grandes proyectos.
Al mismo tiempo, las empresas tecnológicas sostienen que estas inversiones pueden generar actividad económica, empleo y nuevas capacidades informáticas.
Ambos aspectos deben evaluarse con información verificable.
La existencia de beneficios económicos no elimina la necesidad de determinar los costos públicos y ambientales.
Tampoco corresponde considerar que todos los centros de datos tengan iguales efectos sobre las comunidades.
Uruguay dispone de una ventaja energética importante
La situación estadounidense ofrece una referencia para Uruguay, aunque existen diferencias significativas entre ambos sistemas eléctricos.
Uruguay desarrolló durante las últimas dos décadas una transformación de su matriz eléctrica que permitió alcanzar una elevada participación de fuentes renovables.
La → Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) desempeñó un papel fundamental en ese proceso.
La combinación de generación hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa proporciona condiciones favorables para actividades que buscan utilizar electricidad de bajo contenido de carbono.
Pero esa ventaja no significa que el sistema disponga de potencia ilimitada ni que cualquier nuevo consumo pueda abastecerse sin inversiones.
Los grandes proyectos necesitan estudios específicos de conexión, suministro, respaldo y costos.
La energía renovable tiene costos de inversión, operación, mantenimiento y transmisión que deben ser considerados.
El proyecto Solaria y la planificación del sistema eléctrico
El proyecto anunciado por la empresa española → Solaria contempla una inversión potencial de 5.700 millones de dólares para desarrollar infraestructura tecnológica y energética en Uruguay.
Entre sus componentes figuran centros de datos con una capacidad proyectada de hasta 500 megavatios.
El emprendimiento todavía debe completar etapas contractuales, técnicas y administrativas.
Por tanto, no corresponde presentar esa capacidad como una demanda eléctrica actualmente conectada al sistema.
Si una instalación de 500 megavatios utilizara continuamente toda esa potencia durante un año, su consumo teórico alcanzaría 4,38 teravatios hora.
El cálculo es únicamente una referencia matemática para comprender la escala.
No constituye una previsión del consumo efectivo de Solaria, que dependerá del diseño, la utilización de los equipos y las condiciones de operación.
La magnitud proyectada muestra la importancia de estudiar con anticipación las necesidades de generación, transmisión y respaldo.
La expansión tecnológica debe ser sostenible para UTE
La instalación de centros de datos puede representar una oportunidad importante para diversificar la economía uruguaya.
Estas inversiones pueden generar demanda de servicios tecnológicos, construcción, ingeniería y mantenimiento especializado.
Sin embargo, su contribución al desarrollo nacional depende de las condiciones concretas de cada proyecto.
Los contratos de suministro eléctrico deben contemplar los costos reales de abastecimiento y las inversiones necesarias para atender a los nuevos consumidores.
La empresa pública no debería asumir pérdidas injustificadas para facilitar emprendimientos privados, por importantes que sean sus perspectivas económicas.
Al mismo tiempo, una estructura contractual adecuada puede permitir que los nuevos consumidores contribuyan a financiar infraestructura y generen ingresos sostenibles para el sistema.
La experiencia internacional muestra que atraer inversiones y proteger a los usuarios eléctricos no son objetivos incompatibles.
La clave está en definir reglas transparentes, garantías suficientes y una distribución razonable de los costos.
La comparación con HIF Global
El debate sobre los costos energéticos también está presente en Uruguay a propósito del proyecto de combustibles sintéticos de → HIF Global.
Aunque se trata de una actividad industrial diferente de los centros de datos, ambos casos plantean preguntas sobre contratos eléctricos de largo plazo y grandes demandas de potencia.
La producción de combustibles sintéticos y la expansión de infraestructura informática pueden contribuir a nuevas actividades económicas.
Pero la conveniencia de cada proyecto debe evaluarse considerando sus costos, beneficios, riesgos y condiciones de suministro.
No corresponde suponer que las necesidades eléctricas, los perfiles de consumo o las estructuras contractuales de ambas actividades sean equivalentes.
El principio común es que las inversiones privadas deben desarrollarse mediante acuerdos económicamente sostenibles y transparentes para el país.
La infraestructura digital también puede generar desarrollo nacional
Uruguay dispone de capacidades institucionales importantes para participar en la expansión de la economía digital.
La → Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) ha desarrollado infraestructura de conectividad que constituye un activo relevante para los servicios tecnológicos.
Las instituciones educativas y las empresas nacionales también pueden participar mediante formación, investigación y prestación de servicios especializados.
Sin embargo, los beneficios de instalar centros de datos no deben medirse solamente por el valor de las inversiones anunciadas.
También importa conocer cuántos empleos permanentes se crearán, qué proveedores nacionales participarán y qué capacidades tecnológicas quedarán instaladas en el país.
La infraestructura digital puede contribuir al desarrollo productivo cuando se integra con educación, investigación y actividad empresarial local.
Qué debería observar Uruguay en la experiencia estadounidense
Las novedades de Estados Unidos permiten identificar varios aspectos que conviene considerar antes de aprobar grandes inversiones tecnológicas.
El primero es disponer de estimaciones realistas de potencia y consumo eléctrico.
El segundo consiste en identificar qué obras de transmisión, transformación y respaldo serán necesarias.
El tercero es determinar cómo se financiarán esas inversiones y qué costos corresponden a cada participante.
También deben evaluarse las necesidades de agua, las características de refrigeración y los impactos territoriales.
Finalmente, es importante asegurar que los contratos comerciales y eléctricos incluyan garantías adecuadas y mecanismos de revisión compatibles con la sostenibilidad del sistema.
Estos criterios no implican rechazar las inversiones tecnológicas.
Por el contrario, pueden contribuir a que se desarrollen sobre bases económicas y ambientales más sólidas.
La inteligencia artificial necesita una política energética responsable
La investigación de Harvard y la propuesta regulatoria de PJM muestran dos dimensiones de un mismo fenómeno.
Por un lado, los grandes centros de datos ya representan una demanda eléctrica considerable en Estados Unidos.
Por otro, su expansión obliga a revisar los procedimientos de planificación y las reglas utilizadas para distribuir los costos de infraestructura.
Uruguay enfrenta una situación diferente, con una matriz eléctrica mayoritariamente renovable y un sistema de menor escala.
Precisamente por esa diferencia, las decisiones sobre grandes consumidores deben adoptarse con especial atención a sus efectos sobre el conjunto de la red.
La inteligencia artificial puede abrir oportunidades para el desarrollo tecnológico y productivo nacional.
Pero esas oportunidades deben construirse mediante inversiones reales, contratos transparentes, planificación energética y protección de los recursos públicos.
El objetivo no debería ser elegir entre atraer centros de datos o proteger a UTE y a sus usuarios.
El verdadero desafío consiste en lograr ambas cosas.
Fuentes principales
→ Reuters. (2026, 17 de noviembre). Data center builders seek clarity on rules in largest US grid.
ICI Plus — Elaboración periodística propia con información científica, institucional y periodística verificada. 18 de noviembre de 2026.
Crédito de imagen: ICI Plus. Ilustración conceptual generada mediante inteligencia artificial, con incorporación del logotipo institucional original ICI+. No representa una instalación específica de Estados Unidos ni de Uruguay.
