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Una investigación sobre el trabajo portuario estima que el 53,6% del núcleo de la estiba no aportaba a la seguridad social en el primer semestre de 2025. El documento identifica la irregularidad de las convocatorias como un problema central y propone combinar formación, fiscalización y mayor estabilidad. Sus resultados requieren cautela por el reducido tamaño de la muestra.

La modernización de los puertos plantea una pregunta que no se responde solamente con toneladas movilizadas o nuevas inversiones: qué condiciones laborales tienen quienes hacen funcionar la actividad. Un informe del proyecto Navegando hacia el futuro identifica fuertes diferencias entre las ramas del sector y concentra la atención en quienes realizan tareas de carga, descarga y operación de equipos.

La investigación fue presentada el 23 de octubre en la → Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. El proyecto reúne al → Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, el → Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) y la universidad, con financiamiento del → Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Qué trabajadores comprende el estudio

El documento utiliza principalmente datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. Distingue un universo amplio de actividades relacionadas con el puerto, estimado en 17.188 personas, de un núcleo operativo de la estiba cercano a las 3.000.

La distinción importa: las clasificaciones estadísticas también incluyen actividades de almacenamiento y manipulación de carga ajenas al recinto portuario. El núcleo se construye cruzando actividad, ocupación y territorio; no surge de un censo de trabajadores de cada terminal.

Además, esa estimación central se apoya en 21 casos de la encuesta. El propio informe advierte sobre su incertidumbre y presenta un rango de 2.250 a 3.800 personas según los criterios de inclusión. Los porcentajes describen una estimación exploratoria y no permiten atribuir automáticamente las mismas condiciones a una empresa o puerto determinado.

La precariedad se concentra en la estiba

Para ese núcleo, la investigación estima un 53,6% de trabajadores sin aportes a la seguridad social por su ocupación y un 24,9% de subempleo. Este último indicador refiere a personas que desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo.

También calcula que el 41,2% percibía ingresos laborales inferiores al salario mínimo nacional y que el 56,3% vivía en hogares bajo la línea de pobreza. Son indicadores diferentes: la pobreza considera los ingresos y la composición del hogar, no solamente la remuneración individual.

El estudio encuentra una situación más favorable en agencias, depósitos y servicios portuarios, donde predominan vínculos asalariados y mayor cobertura social. Su diagnóstico es, por tanto, de desigualdad dentro del sector, no de precariedad uniforme en toda la actividad.

La comparación histórica de pobreza exige otra precaución: el informe emplea metodologías diferentes para 2025 y los años anteriores. Esos resultados no deben leerse como una serie directamente comparable.

El jornal y el ingreso mensual

La investigación registra mejoras del empleo, la formalización y los salarios reales entre 2006 y 2025, pero sostiene que esos avances no resolvieron la intermitencia del trabajo en la estiba.

Un valor de jornada acordado colectivamente no asegura, por sí solo, un ingreso mensual suficiente. Para quienes dependen de convocatorias, también cuenta cuántos días trabajan y cobran. El informe destaca que, entre los tramos de jornales garantizados que analiza, el de 13 supera el salario mínimo de referencia de 2025, mientras el de nueve queda por debajo.

Esa comparación corresponde al período estudiado y a los supuestos utilizados por sus autores. No equivale a afirmar que todos los trabajadores estén sujetos a idéntica remuneración o régimen de convocatorias.

Formación con estabilidad laboral

Las recomendaciones incluyen un registro de trabajadores portuarios calificados, certificación de competencias, mayor inspección y una mesa tripartita que dé seguimiento a la calidad del empleo. También proponen colocar la regularidad del trabajo en el centro de la negociación colectiva.

La formación ya tiene antecedentes concretos. El 13 de julio, → UTU informó sobre la acreditación de competencias de más de una docena de trabajadores que se desempeñaban como apuntadores, en coordinación con el proyecto y las organizaciones participantes.

Ese reconocimiento valida saberes adquiridos en el oficio. Sin embargo, la capacitación no sustituye los aportes sociales, la fiscalización ni la disponibilidad de trabajo. La agenda que plantea el estudio exige abordar esas dimensiones junto con la incorporación de tecnología y mejorar los registros para evaluar los resultados con mayor precisión.

Fuentes principales

Redacción ICI Plus · 1.º de noviembre de 2026.

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