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La actividad de Parlamento y Fé en Montevideo reabrió la discusión sobre religión, representación política y laicidad. Un artículo de Nicolás Iglesias Schneider en la diaria examina sus conexiones internacionales y los vínculos de sectores cristianos conservadores con las derechas. Las declaraciones de los organizadores y la misión publicada por la propia organización permiten precisar los objetivos y las diferencias en debate.

La jornada “Uruguay Dialoga”, realizada el 9 de octubre en el Palacio Legislativo y la Torre de las Telecomunicaciones, reunió a legisladores de distintos partidos y referentes religiosos. Su convocatoria puso en discusión cómo se relacionan las convicciones personales de quienes ocupan cargos públicos con las obligaciones de las instituciones estatales.

En su artículo → “Transnacional de la fe: el lobby evangélico y los vínculos con las derechas”, publicado el 24 de octubre en la diaria, Nicolás Iglesias Schneider analiza estas iniciativas como parte de redes de circulación de ideas e influencia política que trascienden las fronteras nacionales. Su enfoque vincula experiencias contemporáneas con antecedentes de articulación entre dirigentes políticos y actores religiosos conservadores.

Qué declara la propia organización

La presentación institucional de → Parlamento y Fe Internacional establece que fue fundada en Buenos Aires en 2008 y que procura acercar el evangelio a quienes toman decisiones. Su misión incluye generar espacios de reflexión espiritual en ámbitos legislativos, judiciales y gubernamentales.

La organización también explicita una finalidad evangelizadora dirigida a políticos, gobernantes y sus equipos. Esa definición documenta un propósito de intervención religiosa en los espacios de poder; por sí sola, no demuestra que todos sus participantes compartan un programa legislativo ni una misma pertenencia partidaria.

Las posiciones de los participantes

Consultado por Caras y Caretas, Gerardo Amarilla rechazó que Parlamento y Fe funcione como un grupo de presión sobre asuntos específicos como aborto o eutanasia. Presentó su actividad como una promoción de valores cristianos en la política y destacó el papel social de las organizaciones religiosas.

Por su parte, el diputado frenteamplista Álvaro Lima defendió la convocatoria como un espacio plural de intercambio y sostuvo que su participación era personal, sin representación orgánica de su bancada. También negó que la actividad afectara la laicidad.

Las objeciones públicas recogidas por ese medio incluyeron las de Fernando Amado y Ope Pasquet, quienes cuestionaron la vinculación de una convocatoria religiosa con instituciones estatales. La controversia comprende, por tanto, tanto la finalidad de la organización como el uso y la representación de los espacios públicos.

Una discusión con dimensión regional

El estudio de Ely Orrego-Torres, María-José Urzúa y Nelson Camilo Sánchez publicado en abril de 2026 por → CIDOB aporta un marco regional. A partir de trabajo de campo, entrevistas y análisis jurídico correspondientes a 2020-2025, examina la actuación de redes religiosas conservadoras en la → Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los autores identifican estrategias de cabildeo —gestiones para influir en decisiones—, intervenciones públicas y participación en litigios vinculados con derechos reproductivos y diversidad sexual. Sus resultados describen actores y prácticas concretos en el ámbito interamericano; no constituyen una comprobación automática sobre cada organización o encuentro realizado en Uruguay.

Libertad religiosa y responsabilidad pública

El → artículo 5 de la Constitución uruguaya, disponible en IMPO, garantiza la libertad de cultos y establece que el Estado no sostiene religión alguna. Es el punto de referencia normativo para discutir la relación institucional entre religión y poder público.

El análisis exige distinguir las creencias de las personas, los objetivos de una organización y las decisiones de los organismos estatales. También requiere identificar vínculos y actuaciones verificables, sin atribuir a todas las comunidades evangélicas una posición política uniforme.

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